El delito contra la propiedad industrial, ha ganado protagonismo en los últimos años, razón por la cual, el legislador ha abordado una modificación legislativa del mismo en el Código Penal, en el  año 2015, con el objetivo de atender a las demandas sociales, en un asunto en el que se mueven grandes sumas de dinero.

La regulación del mismo, la encontramos en el Código Penal en los artículos 273 y siguientes.

¿Cuándo nos encontramos ante un delito contra la propiedad industrial? Uno de los ejemplos más evidentes es el de la ropa y productos de primeras marcas falsos que se venden por ejemplo en mercadillos ambulantes, en este supuesto hay que dejar claro que el consumidor que compra dichos productos para uso propio en ningún momento está cometiendo ningún acto punible legalmente. Dicha afirmación queda corroborada por el Código Penal: “Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado”.

A nivel práctico, existen diversas líneas jurisprudenciales, por un lado hay sentencias que afirman que para que exista un delito contra la propiedad industrial, basta con que el producto no original COPIE el signo distintivo, es decir la marca, por otro lado, existe otra corriente que afirma que para que exista dicho delito contra la propiedad industrial, es necesario que se produzca una confusión a nivel identitario entre el producto no original y el auténtico para el consumidor medio.

Esta última corriente ha sido plasmada en algunas sentencias en las que por ejemplo, se absolvía al vendedor que vendía productos de primeras marcas de manera ambulante, el juez consideró que eran meras baratijas y que en ningún momento existía la posibilidad de que el consumidor creyese que compraba el producto original.